Proyecto de ley contra la discriminación de vivienda pasa a comité tras audiencia pública

Defensores de los inmigrantes, expertos legales y proveedores de vivienda testificaron durante una reciente audiencia pública sobre una propuesta legislativa que ampliaría las protecciones locales de vivienda justa para prohibir explícitamente que los arrendadores y vendedores discriminen a los residentes por su ciudadanía o estatus migratorio.

El Concejo del Condado de Montgomery celebró una audiencia el martes sobre el Proyecto de Ley 38-26, titulado Prácticas Discriminatorias de Vivienda y Terminación Anticipada del Contrato de Arrendamiento. La legislación prohibiría la discriminación basada en la ciudadanía en las transacciones inmobiliarias y permitiría a los inquilinos terminar un contrato de arrendamiento residencial de forma anticipada si un proceso migratorio, como una detención o deportación, afecta su capacidad para mantener la vivienda.

Representantes comunitarios enfatizaron que los residentes indocumentados y las familias inmigrantes enfrentan con frecuencia barreras sistémicas al buscar vivienda, junto con el temor a represalias al ejercer sus derechos.

“Escuchamos a residentes que tienen miedo de salir de sus hogares, que enfrentan dificultades significativas tras la detención o deportación de un miembro del hogar y que viven en un estado constante de incertidumbre”, declaró Denise Fredericks, quien testificó en representación de la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Montgomery, y añadió: “La discriminación basada en el estatus de ciudadanía dentro de la vivienda y en otras áreas es, de hecho, un componente de los muchos desafíos que enfrentan nuestros inmigrantes, especialmente aquellos que son indocumentados”.

Fredericks señaló que muchos complejos de apartamentos se niegan a alquilar a personas indocumentadas o a aceptar Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Agregó que los altos costos de vida agravan estos desafíos.

Según el informe del Estándar de Autosuficiencia del Condado de Montgomery de 2023, una familia de cuatro personas requiere $122,943 anuales para cubrir sus necesidades básicas, casi cuatro veces el nivel federal de pobreza.

Defensores legales subrayaron cómo la inestabilidad de la vivienda a menudo se profundiza cuando el sostén económico del hogar enfrenta procesos de deportación.

“Aproximadamente uno de cada tres residentes del Condado de Montgomery no nació en los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro código no protege a nuestros vecinos inmigrantes y a sus familias de la discriminación de vivienda por motivos de ciudadanía o estatus migratorio”, dijo Jacob Kmiech, abogado supervisor de vivienda de CASA.

Kmiech dijo al concejo que habla regularmente con inquilinos que enfrentan a arrendadores que amenazan con la deportación cuando se reclaman los derechos.

“Agradecemos el lenguaje que permite al inquilino rescindir su contrato de arrendamiento si se vuelve inaccesible porque un miembro del hogar es detenido o deportado”, dijo Kmiech, añadiendo: “A menudo son los inquilinos que se quedan los que corren el mayor riesgo de sufrir daños financieros”.

Un representante de los proveedores de vivienda expresó su apoyo a la intención de la legislación, pero planteó preguntas sobre la implementación y la verificación.

Hugo Cantu, en representación de la Asociación de Edificios de Apartamentos y Oficinas del Área Metropolitana de Washington, que representa aproximadamente 80,000 unidades de apartamentos en el Condado de Montgomery, destacó la importancia personal de los temas migratorios al tiempo que señaló los desafíos operativos.

“Entendemos en este clima político la razón de la propuesta”, dijo Cantu.

Sin embargo, señaló que los propietarios no tienen acceso a los sistemas oficiales de rastreo de inmigración del gobierno federal.

“Los arrendadores y proveedores de vivienda no pueden rastrear los procesos de deportación”, dijo Cantu, agregando: “Cuando un residente pasa por un proceso migratorio, ¿cómo determinará un proveedor de vivienda si el inquilino está en proceso de deportación, detención o si permanece retenido durante más de 30 días debido a un proceso migratorio actual?”.

La fecha límite para que los residentes y organizaciones envíen testimonios por escrito o comentarios sobre el proyecto de ley es el 9 de octubre.